La anarquía del euro y la incertidumbre italiana

JESUS SANCHEZ QUIÑONES

    Autor: Jesús Sánchez-Quiñones

    La formación de un gobierno en Italia integrado por miembros de dos partidos con un sesgo “euro-escéptico” ha vuelto a suscitar temores de nuevas turbulencias dentro de la Eurozona y del euro.

    A pesar de la mención en un borrador inicial de acuerdo de gobierno, la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia de Italia en la moneda única está prácticamente descartada, entre otros factores por las limitaciones que la propia constitución italiana impone a la celebración de una consulta de este tipo. En la práctica el principal riesgo procedente de Italia radica en la aplicación de una política fiscal que aumente el déficit y su deuda pública incumpliendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El nuevo gobierno italiano ha anunciado, pero no aprobado, determinadas medidas de reducción sustancial de los impuestos, situando el tipo del IRPF y del impuesto sobre sociedades en el 15%, y medidas de aumento del gasto sustanciales como la creación de una Renta Básica Universal, entre otras. De aplicarse estas medidas, podríamos asistir a un efecto positivo en el crecimiento de corto plazo, pero acompañado de un empeoramiento del déficit público (2,3% en 2017) y del ya elevado nivel de deuda pública (131,8% del PIB).

    Para conocer la capacidad real de las autoridades europeas de penalizar a un país por sus incumplimientos fiscales conviene analizar la historia de las dos décadas de moneda única. Veinte años es un periodo de tiempo suficientemente amplio para comprobar si las premisas y reglas establecidas entonces se han cumplido, o si por el contrario se han quedado en papel mojado. La realidad muestra que los cuantiosos incumplimientos en este periodo, 275, nunca han terminado en la aplicación de las sanciones previstas. Cuando reiteradamente una norma coercitiva o sancionadora no se aplica, su capacidad disuasoria se desvanece.

    Cabe recordar que para acceder al euro era necesario cumplir unos “criterios de convergencia” considerados como unos mínimos que permitieran la existencia de una moneda única con una política monetaria única para toda la Eurozona. El cumplimiento de los criterios de convergencia se entendía como esencial, no solo en el momento de acceso al euro, sino de forma sostenible en el tiempo. Dichos criterios se referían: a la estabilidad de precios; a la estabilidad del tipo de cambio de las monedas nacionales previas al euro; al nivel de los tipos a largo plazo; y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

    A los efectos del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha considerado que las finanzas públicas de un país son sostenibles si no incurre en un “déficit público excesivo”. Entendiendo por tal,

    • que la proporción entre el déficit público y el Producto Interior Bruto (PIB) no sobrepasa el 3%, a menos que la proporción haya descendido sustancial y continuadamente y llegado a un nivel que se aproxime al valor de referencia o que el valor de referencia se sobrepase solo excepcional y temporalmente, y la proporción se mantenga cercana al valor de referencia;
    • que la proporción entre la deuda pública y el PIB no rebase el 60%, a menos que la proporción disminuya lo suficiente y se aproxime a un ritmo satisfactorio al valor de referencia.

    El Tratado de Maastricht contempla un régimen sancionador para aquellos países que incumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento aplicable desde el nacimiento del euro. Las eventuales sanciones impuestas deben ser pagadas por los países miembros que incurran en un déficit superior al 3% del PIB, salvo excepciones. Las sanciones consisten en un depósito sin intereses que se convierte en multa si el país persiste en el “déficit excesivo”. Las sanciones pueden ascender al 0,5% del PIB y pueden llevar aparejadas la suspensión de compromisos o pagos de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Pues bien, los incumplimientos en cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas han sido constantes desde el nacimiento del euro sin que en ningún caso se hayan aplicado las sanciones previstas.

    Desde 1999, durante 167 ocasiones algún país miembro de la Eurozona ha presentado un nivel de deuda pública superior al 60% fijado como límite en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En el momento del nacimiento del euro Bélgica e Italia superaban incluso el 100% de deuda pública sobre el PIB (114,4% y 109,7% respectivamente).

    Ya desde el inicio del euro se establecían diversos horizontes temporales para reducir la ratio de deuda pública hasta el valor de referencia del 60%. En el caso de Italia, de haberse mantenido un saldo público equilibrado desde 1999 en adelante, la ratio de deuda se habría reducido hasta el 84% del PIB en diez años y el valor de referencia del 60% se alcanzaría en el año 2016. Obviamente la realidad ha sido bien distinta a la previsión de hace veinte años. Tras lograr reducir el nivel de deuda hasta el 99,8% del PIB en 2007, la deuda italiana se situaba en el 131,8% del PIB a finales de 2017.

    Los incumplimientos del nivel máximo del 3% del déficit público también han sido cuantiosos: 108 veces entre 1999 y 2017.

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    El historial de incumplimientos del criterio de “finanzas públicas sostenibles” es descorazonador. Desde el nacimiento del euro en 1999 solamente Holanda e Irlanda han cumplido ambos criterios de deuda inferior al 60% del PIB y déficit inferior al 3% en al menos la mitad de los diecinueve años transcurridos desde el nacimiento de la moneda única. El resto de países supera incumplimientos en más del 50% de los veinte años de euros. 

    Conviene fraccionar el análisis de los incumplimientos en dos periodos diferenciados: entre 1999 y 2007, antes del estallido de la crisis financiera; y el periodo comprendido entre 2008 y 2017.                            

     

     

     

     

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    Hasta el año 2007 hubo 29 incumplimientos del criterio de déficit del 3%, correspondiendo la mitad de ellos a Grecia y Portugal. El caso griego es llamativo. Ha incumplido ambos criterios, déficit y deuda, de forma ininterrumpida desde su entrada en el euro en 2001. Solamente desde 2016 su desfase presupuestario ha sido inferior al 3%. 

    Durante este primer periodo (1999-2007) hubo países que sí cumplieron de forma continuada con las exigencias de consolidación fiscal. Bélgica, España, Finlandia, Irlanda y Luxemburgo y Holanda mantuvieron sus cuentas públicas en todo momento por debajo del límite del 3% de déficit. Incluso los niveles de deuda sobre el PIB, aun siendo claramente superiores al objetivo del 60%, se redujeron 27 puntos del PIB en el caso de Bélgica y 10 en el caso de Italia, los dos países con mayor nivel de deuda en el momento del nacimiento del euro. Por lo tanto, los incumplimientos no fueron generalizados durante los primeros nueve años de existencia del euro. 

    Alemania incumplió durante cinco años consecutivos el nivel de déficit público, de 2001 a 2005, llegando a presentar un déficit del 4,2% en 2003. Francia también incumplió durante cuatro años seguidos desde 2002 a 2005 tanto en nivel de déficit como de deuda pública. La no aplicación de sanciones contra Francia ni Alemania por sus incumplimientos en los primeros años de vida del euro indudablemente ha condicionado la aplicación de sanciones futuras a otros países.

     

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    Tras el estallido de la crisis financiera los incumplimientos de los criterios de finanzas públicas han sido la tónica habitual. En estos diez últimos años los incumplimientos de déficit ascienden a 79 y los de deuda a 116. España es el único país del euro que desde 2008 ha mantenido su nivel de déficit público por encima del 3%. Francia mantiene un nivel de deuda superior al 60% desde 2002 y sólo ha logrado descender del umbral de déficit del 3% en 2017 por primera vez en diez años.

    Con todos estos antecedentes de incumplimientos sistemáticos, hacer sonar las alarmas porque el nuevo gobierno italiano pueda incumplir el 3% de déficit público durante algunos años parece desproporcionado y con un elevado componente político. Ante la inacción de las autoridades europeas en los incumplimientos anteriores, la fuerza moral para aplicar las primeras sanciones a Italia, en caso de un verdadero incumplimiento del déficit en los próximos años, es nula. Alemania y Francia fueron de los primeros países en incumplir el límite del 3% del déficit, sin que se aplicara ninguna sanción a ninguno de los dos países dado el peso de ambos estados. Esta exención a la aplicación de sanciones a ambos países en los inicios de la moneda única ha limitado la posibilidad real de aplicar los procedimientos sancionadores previstos a los posteriores incumplidores.

    Cualquier organización desde su inicio se dota de unas normas que todos sus integrantes se comprometen a cumplir. Dentro de estas normas se recogen las consecuencias y las penalizaciones que deben asumir los que incumplan las normas. Cuando las normas de la organización se incumplen repetidas veces, sin que se apliquen las sanciones establecidas de antemano y sin que tenga ninguna repercusión real sobre el miembro incumplidor, se hace cada vez más difícil la aplicación de las medidas coercitivas en el futuro. La no aplicación de la norma sancionadora acaba sentando precedente. Los continuados incumplimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la ausencia total de sanciones hasta la fecha sientan un precedente que hace muy difícil aplicarse las sanciones por primera vez.

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    Autor: 

    Jesús Sánchez-Quiñones. Consejero Director General de Renta 4 Banco. Ha ocupado distintos cargos en el grupo Renta 4 desde 1989. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Master en Estudios Tributarios y Económicos por CECO. Miembro del Grupo de Asesores Económicos de ESMA (2014-2016). Miembro del IEAF y Vocal de su Junta Directiva Nacional. Miembro de la Junta Directiva de INVERCO. Miembro de la Comisión de Economía y Política Financiera y de la Comisión de la Sociedad Digital de la CEOE

     

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